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Aprobada la disposición de la Ley de Economía Sostenible

12 enero 2010

A principios de Diciembre del pasado año te comentamos que cocía en el horno una disposición de la Ley de Economía Sostenible por la que se añadía el supuesto de la salvaguarda de la propiedad intelectual a los casos contemplados para limitar el acceso a Internet por el artículo 8 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (hasta ahora la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional; la protección de la salud pública; el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación, y la protección de la juventud y de la infancia). Contemplaba que los operadores que dan conexión a la red tendrían la obligación de facilitar los datos que permitan identificar al responsable de la acción vulneradora y que sería una Comisión de Propiedad Intelectual la encarga de llevar a cabo esta tarea (más datos en este enlace). Sin embargo, fuentes del gobierno afirmaron que no se atacarían blogs personales y que las medidas no iban orientadas a ‘castigar’ (por decirlo de alguna forma) a los internautas que se aprovechen de los contenidos alojados en la web sino a los responsables de que esos contenidos protegidos con derechos de autor estuvieran circulando libremente.

Surgió una enorme polémica en torno a esto, seguro que todos habéis escuchado algo sobre “La lista de Sinde”, una página donde varias webs se autoinculpan por incorporar un buscador de archivos P2P (lo que persigue el Ministerio), retando a la Ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. Seguramente hayas escuchado algo de la reunión de varios internautas con la ministra y de la preocupación que mostraron una vez salida de la reunión.

Pues bien, el pasado 8 de Enero el Consejo de Ministros ha aprobado esta disposición por lo que antes o después muy probablemente se convertirá en una realidad. Lo cierto es que el proyecto de ley tiene que ir al Parlamento por lo que operativo no creo que esté hasta después del próximo periodo estival.

La Comisión de Propiedad Intelectual (a la que llegarán denuncias de discográficas, autores o productoras cinematográficas) tratará de bloquear las webs que contengan contenidos ilegales o que faciliten enlaces para la descarga de estos archivos. Si se confirma que hay vulneración de derechos, se comunicará a la página que podrá hacer las alegaciones pertinentes y se solicitará autorización judicial a un juez de la Audiencia Nacional para cerrar de ‘forma cautelar’ la página en un plazo de cuatro días. Se tratará de una decisión administrativa, por lo que los sancionados no podrán recurrir judicialmente, sino acogerse al contencioso-administrativo. Como este proceso puede llegar a durar años, los propietarios de las webs bloqueadas podrán presentar ‘recurso de amparo’ al Tribunal Constitucional, si creen que se han vulnerado derechos fundamentales.